Estos archivos sugieren presuntos nexos con altos funcionarios, como el general del Ejército Juan Miguel Huertas, quien fue reintegrado por el actual gobierno tras haber sido retirado por sospechas de corrupción.

Según los informes, la estructura criminal habría penetrado la DNI para crear empresas de seguridad fachada, acceder a frecuencias de radio secretas del Ejército y obtener documentos de inteligencia clave para evadir operaciones en su contra.

El escándalo ha generado una fuerte reacción política.

Voces críticas aseguran que “los archivos de alias ‘Calarcá’ prueban que la DNI de Petro es para las disidencias de las FARC lo que el extinto DAS fue para los paramilitares”. Además, las conversaciones salpican a la vicepresidenta Francia Márquez, quien calificó las acusaciones de una “infamia” sin pruebas.

El senador David Luna afirmó que las revelaciones muestran “un gobierno arrodillado al narco”.

En respuesta, el Ministerio de Defensa anunció la apertura de una investigación para esclarecer los hechos y determinar el alcance de la infiltración. Este episodio arroja serias dudas sobre la campaña presidencial de Gustavo Petro y la gestión de la seguridad nacional, en un momento en que el Gobierno negocia con este mismo grupo disidente.