Las comunidades denuncian el abandono estatal y exigen una intervención urgente para garantizar su protección.

En la región del Catatumbo, la confrontación entre el ELN y las disidencias de las FARC ha provocado el desplazamiento de más de 85,000 personas desde enero de 2025. Según reportes, en la zona se han registrado 163 homicidios, de los cuales diez corresponden a menores de edad. Defensores de derechos humanos, como Judith Maldonado, han denunciado una situación de “hambruna” en varias comunidades, ya que los campos minados y la presión de los grupos armados impiden el desarrollo de actividades productivas. La situación es tan crítica que el gobernador de Norte de Santander, William Villamizar, evalúa solicitar una “tregua de Navidad” a los actores armados. Por su parte, el departamento del Cauca vive una escalada de violencia similar. En el corregimiento de Mondomo, Santander de Quilichao, la población se encuentra sitiada por los combates, afectando la producción de alimentos como el almidón de yuca. En el municipio de El Charco (Nariño), en la costa Pacífica, cerca de 1,000 familias, incluyendo comunidades indígenas Eperara Siapidara, han sido desplazadas forzosamente en los últimos dos meses. En Puerto Leguízamo (Putumayo), comunidades indígenas llevan medio año confinadas debido a la presencia de disidencias, evidenciando la falta de una presencia estatal integral. Estas crisis reflejan el fracaso en la protección de los derechos de las comunidades más vulnerables del país.