Estos crímenes, conocidos como 'falsos positivos', fueron presentados como bajas en combate entre 2002 y 2008. En el marco del macrocaso 03, que investiga los 'Asesinatos y desapariciones forzadas presentados como bajas en combate por agentes del Estado', la Sala de Reconocimiento de Verdad imputó a los brigadieres generales (r) Carlos Ovidio Saavedra Sáenz y Francisco José Ardila Uribe, y al mayor general (r) Carlos Eduardo Ávila Beltrán. Según la JEP, estos altos mandos, junto con otros 27 integrantes de la Cuarta División del Ejército, habrían participado en un patrón criminal sistemático. El magistrado Óscar Parra, durante la lectura del auto, enfatizó que no se trataba de “manzanas podridas”, sino de una práctica generalizada dentro de las unidades militares investigadas. La investigación reveló que los militares establecieron alianzas con grupos paramilitares como el Bloque Centauros de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) para seleccionar a las víctimas, quienes eran civiles sin ninguna relación con el conflicto armado. Estas personas eran engañadas con falsas promesas de empleo, llevadas a zonas rurales, asesinadas a sangre fría y luego presentadas como guerrilleros muertos en combate para inflar los resultados operacionales y obtener beneficios como permisos, condecoraciones y ascensos.

Esta decisión de la JEP representa un avance significativo para la justicia transicional y la reparación de las víctimas, al señalar la responsabilidad en la cadena de mando por uno de los episodios más oscuros del conflicto armado colombiano.