El exdirector de la Policía Nacional, general (r) Rodolfo Palomino, fue capturado y condenado en primera instancia por la Corte Suprema de Justicia a siete años y un día de prisión por el delito de tráfico de influencias. La decisión judicial marca un hito, al ser el segundo director de la institución en ser capturado y condenado, y pone de relieve el abuso de poder en las altas esferas de la fuerza pública. La Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema determinó que Palomino, mientras ejercía como máxima autoridad de la Policía, utilizó su cargo para intervenir indebidamente en una investigación penal que se adelantaba contra el empresario Luis Gonzalo Gallo Restrepo. Según la investigación, Palomino increpó a la fiscal especializada Sonia Lucero Velásquez para favorecer a Gallo, quien era procesado por enriquecimiento ilícito, concierto para delinquir y lavado de activos, en relación con la compra de al menos 100 predios despojados por los paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). La Corte calificó la conducta del general como “un abuso de poder incompatible con la dignidad del cargo que ocupaba”. Pruebas cruciales, como grabaciones de conversaciones entre Palomino y la fiscal, evidenciaron su intención de interferir en el proceso judicial. Tras la emisión del fallo condenatorio, el exoficial se presentó voluntariamente ante el CTI en Bogotá y fue detenido.
Aunque uno de los magistrados expresó su desacuerdo con la orden de captura inmediata, la mayoría del tribunal la consideró pertinente. Palomino, quien también estuvo envuelto en el escándalo de la ‘Comunidad del Anillo’, se convierte en el segundo exdirector de la Policía en ser capturado, después del general Miguel Alfredo Maza Márquez, condenado por el magnicidio de Luis Carlos Galán, y el general Medina Sánchez, condenado por enriquecimiento ilícito.
En resumenEl exdirector de la Policía, general (r) Rodolfo Palomino, fue condenado a siete años de prisión por tráfico de influencias. La Corte Suprema demostró que usó su cargo para interferir en una investigación contra un empresario vinculado a la compra de tierras despojadas por paramilitares. Su captura y condena representan un golpe a la corrupción en las altas cúpulas del poder.
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