La Defensoría del Pueblo, a través de su titular Iris Marín Ortiz, confirmó estas cifras y alertó sobre otros posibles casos, instando al presidente Gustavo Petro a suspender los bombardeos.

“Le imploro que piense en una alternativa”, manifestó, argumentando que la operación militar es “insostenible bajo el principio de humanidad”.

El Gobierno, por su parte, ha defendido su actuación.

El presidente Petro aseguró no haberse salido del DIH y justificó los ataques como una necesidad para neutralizar una amenaza ofensiva de las disidencias de ‘Iván Mordisco’, a quien acusó de ser un “criminal de guerra” por reclutar niños. El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, reforzó esta postura, afirmando que los menores eran “un objetivo militar lícito que también asesina” y que la probabilidad de su presencia en campamentos es alta. Esta crisis ha provocado una fuerte reacción política, incluyendo el anuncio de una moción de censura contra el ministro Sánchez y la apertura de indagaciones por parte de la Fiscalía General de la Nación y la Procuraduría para determinar si se violaron los protocolos del DIH. La controversia se agudiza por el cambio de postura del presidente Petro, quien en el pasado fue un crítico vehemente de este tipo de operativos.