El reporte subraya que, tras el cierre del Registro Único para Migrantes Venezolanos (RUMV) en 2023, las opciones para obtener una residencia legal en Colombia son "prácticamente inexistentes".

Esta falta de estatus regular agrava su vulnerabilidad, empujándolos a la informalidad laboral y dificultando su acceso a servicios básicos como salud y educación.

Un estudio complementario revela que más del 75% de los 2.8 millones de venezolanos en el país trabajan en condiciones informales, sin garantías laborales ni protección social. La situación se ve exacerbada por una polémica norma que, según un artículo de análisis, permitiría la deportación de extranjeros basándose únicamente en quejas de vecinos, lo que podría institucionalizar la xenofobia y el prejuicio. En conjunto, estos factores pintan un panorama donde la política de integración se ha estancado, dejando a millones de personas en una situación de desprotección y con barreras significativas para reconstruir sus vidas en Colombia. Amnistía Internacional insta al Estado colombiano a garantizar los derechos de esta población y a establecer vías claras y accesibles para la regularización y la protección internacional.