Estos hechos fueron calificados como crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra. El magistrado Óscar Parra, de la JEP, subrayó la sistematicidad de estas prácticas al afirmar que "no se trata de ‘manzanas podridas’ sino de una práctica sistemática que fue cometida en todo el país". Esta decisión judicial busca esclarecer la cadena de mando y las políticas institucionales que permitieron estas graves violaciones a los derechos humanos, donde civiles inocentes eran asesinados y presentados como bajas en combate para inflar los resultados operacionales. En un acto paralelo de gran simbolismo, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, pidió perdón públicamente en Valledupar en nombre del Estado por la ejecución extrajudicial de 23 personas en los departamentos de Cesar y La Guajira entre 2003 y 2008.

Durante la ceremonia, reconoció que fueron "acciones ilegales, reprochables y criminales cometidas por exintegrantes del Ejército", quienes llegaron a simular combates inexistentes.

Entre las víctimas se encontraba Noemí Pacheco Zabata, una niña indígena Wiwa de 13 años que estaba embarazada. Adicionalmente, el Consejo de Estado condenó al Ejército por el asesinato de un recolector de hoja de coca en Anorí, Antioquia, reforzando la narrativa de una práctica extendida dentro de la fuerza pública.