Sin embargo, esta justificación ha sido fuertemente cuestionada.

La Defensoría del Pueblo, liderada por Iris Marín, ha exigido al presidente suspender los bombardeos, argumentando que "el principio de humanidad debe prevalecer por encima de la guerra" y que las Fuerzas Militares deben asumir que en los campamentos de 'Iván Mordisco' hay menores. La Procuraduría y la Justicia Penal Militar ya han abierto indagaciones para determinar si se violaron los protocolos del DIH, específicamente los principios de distinción, proporcionalidad y precaución.

La ONU también lamentó las muertes y condenó el reclutamiento, pero pidió precaución a las fuerzas estatales.

La controversia escala al plano político con anuncios de mociones de censura contra el ministro de Defensa, mientras el debate se centra en el dilema ético y jurídico de atacar objetivos militares que instrumentalizan a niños como escudos humanos.