Este crimen de guerra, prohibido explícitamente por el Derecho Internacional Humanitario (DIH), afecta principalmente a las regiones con mayor presencia de conflicto y abandono estatal, como Cauca, Nariño, Chocó, Arauca y Norte de Santander. Los grupos armados, incluyendo disidencias de las FARC y el ELN, han adaptado sus métodos de captación a la era digital, utilizando plataformas como TikTok para persuadir a los jóvenes. Sin embargo, las causas estructurales persisten: la pobreza, la falta de oportunidades educativas y laborales, la violencia intrafamiliar y la débil presencia institucional crean un entorno de vulnerabilidad extrema. Como señala un análisis, cuando no hay nada que perder, "la guerra se torna una ‘oportunidad’ también para los niños".

El perfil de las víctimas es claro: la edad promedio de reclutamiento es de 14 años, y una alta proporción proviene de comunidades rurales, indígenas y afrodescendientes.

La Defensoría del Pueblo ha emitido múltiples alertas tempranas advirtiendo sobre este riesgo en casi todo el territorio nacional. En un giro reciente, el Clan del Golfo se comprometió en la mesa de diálogos a realizar un censo para identificar y entregar al ICBF a los menores en sus filas, aunque el cumplimiento de este pacto está por verificarse. Mientras tanto, el Ejército Nacional ha lanzado estrategias de prevención, pero la magnitud del problema, evidenciada por la trágica muerte de menores reclutados en operaciones militares, demuestra que las medidas son insuficientes para proteger a la infancia de ser arrastrada a la guerra.