Como consecuencia directa, el CICR planea cerrar sus oficinas en Apartadó (Antioquia) y Pasto (Nariño).

Además, las subdelegaciones de Bucaramanga y Cali también serán clausuradas, concentrando la atención del nororiente del país en Cúcuta y la del suroccidente en Popayán. Estos cambios estructurales implicarán la terminación de aproximadamente 120 empleos dentro de la organización en Colombia.

La noticia es preocupante dado el papel crucial que desempeña el CICR en las zonas más afectadas por el conflicto armado en el país.

La entidad es reconocida como uno de los organismos internacionales de mayor credibilidad y su rol como facilitador humanitario es clave en la interlocución con actores armados ilegales para llevar a cabo misiones de protección a la población civil, búsqueda de personas desaparecidas y asistencia a víctimas. La reducción de su presencia y capacidad podría dejar un vacío importante en la respuesta humanitaria en regiones donde el Estado tiene una presencia limitada y las comunidades dependen en gran medida del apoyo de organizaciones como la Cruz Roja.