Los crímenes, cometidos por miembros del Ejército Nacional entre 2003 y 2008, fueron presentados ilegítimamente como bajas en combate.

El evento, ordenado por sentencias judiciales y realizado en Valledupar, reunió a familiares de las víctimas, comunidades indígenas y altas autoridades del Estado. El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, encabezó el acto y reconoció la gravedad de los hechos.

“Estos hechos jamás debieron ocurrir.

Pido perdón a las madres, padres, hijos, hijas y a las comunidades indígenas a las que pertenecían las 23 personas que hoy no están aquí”, afirmó. Sánchez calificó los asesinatos como “acciones ilegales, reprochables y criminales cometidas por exintegrantes del Ejército”, quienes llegaron a simular combates que nunca existieron para justificar las muertes.

Entre las víctimas reconocidas se encontraban jóvenes e indígenas, incluyendo a Noemí Pacheco Zabata, una niña indígena Wiwa de 13 años que estaba embarazada y fue presentada falsamente como guerrillera.

Su hermana, Denis Martínez, recordó con dolor: “mi hermana era una niña inocente.

La mataron estando embarazada.

Este vacío no lo vamos a superar nunca”.

Por su parte, el general Erik Rodríguez, comandante encargado del Ejército, admitió que los crímenes fueron “reprochables y de barbarie”, representando una desviación del deber constitucional de la Fuerza Pública. Este acto de perdón busca dignificar la memoria de las víctimas y representa un paso hacia la reconciliación, aunque para las familias el dolor y la exigencia de justicia plena continúan.