Sin embargo, esta justificación ha sido fuertemente cuestionada.

La Defensoría del Pueblo ha sido una de las voces más críticas, exigiendo al presidente la suspensión de los bombardeos. La defensora Iris Marín Ortiz declaró: “No es una hipótesis sino una realidad, ya tenemos la evidencia de cuatro bombardeos en los que murieron 15 menores”. En un llamado directo al mandatario, le imploró “que piense en una alternativa”, subrayando que “el principio de humanidad debe prevalecer por encima de la guerra”. La situación escaló al ámbito judicial, con la Fiscalía General de la Nación y la Justicia Penal Militar abriendo indagaciones para determinar si las operaciones se ajustaron al Derecho Internacional Humanitario (DIH).

La controversia revive el dilema ético sobre los niños reclutados forzosamente, quienes son víctimas del conflicto pero pueden ser considerados objetivos militares si participan activamente en las hostilidades, un punto que genera un profundo debate legal y moral.