Durante 2025, el organismo internacional ha documentado 19 registros audiovisuales que evidencian golpizas, trabajos forzados, inmovilización de extremidades y humillaciones públicas.

En algunos de estos videos, que se han viralizado en redes sociales, se obliga a las víctimas a pedir perdón o portar carteles de arrepentimiento. Entre las víctimas se encuentran mujeres que fueron rapadas a la fuerza y sometidas a trabajos forzados, lo que constituye una forma de violencia basada en género. El analista Lerber Dimas, director de la PDHAL, advirtió sobre la preocupante aceptación social que han generado estos actos, señalando que más del 95% de los comentarios en redes apoyaban las acciones del grupo armado. Esta normalización de la violencia, sumada a la ausencia de un rechazo contundente por parte de las autoridades locales y nacionales, ha contribuido a legitimar al actor armado, que se atribuye el control de estos territorios. La ONU ha instado al Gobierno a investigar, sancionar a los responsables, reparar a las víctimas e implementar una presencia institucional sostenida en la región para restaurar el Estado de Derecho.