Una serie de brutales casos de maltrato animal ha generado indignación en Colombia, poniendo a prueba la efectividad de la legislación vigente y abriendo un debate sobre la judicialización de los agresores. Los hechos, viralizados en redes sociales, han movilizado a la ciudadanía y a las autoridades en un clamor por justicia y por la protección de los animales como seres sintientes. Uno de los casos más notorios es el del perro conocido como “Bizcocho”, quien fue brutalmente golpeado en Bolívar por su dueño, Fernando Alonso Oviedo. Tras la difusión de un video, el agresor se entregó, pero inicialmente fue dejado en libertad.
Posteriormente, una fiscal del Grupo Especializado en la Lucha contra el Maltrato Animal (Gelma) le imputó cargos, los cuales fueron aceptados.
El perro, que su dueño llamaba “Sicario”, sobrevivió y fue adoptado por la Policía de Antioquia, donde fue rebautizado simbólicamente como “Coronel Bizcocho”. Otros casos, como el de un hombre en Zipaquirá que fue grabado pateando y golpeando a su perro, y otro en un ascensor en Antioquia, han alimentado la discusión. Estos eventos han puesto el foco en la Ley 1774 de 2016, o “Ley Ángel”, que tipifica el maltrato animal como delito con penas de hasta 73 meses de prisión. Sin embargo, defensores de animales como la senadora Andrea Padilla han cuestionado la efectividad del sistema penal, señalando que la falta de capturas en flagrancia y los beneficios por aceptación de cargos pueden llevar a una sensación de impunidad.
En resumenLa respuesta social y mediática a los recientes casos de crueldad animal refleja una creciente conciencia sobre los derechos de los animales en Colombia. Aunque existe un marco legal, la presión ciudadana exige que el sistema judicial actúe con contundencia para sancionar a los maltratadores y garantizar que la protección animal sea una realidad efectiva y no solo una aspiración legal.