Las confrontaciones han obligado a los habitantes de las comunidades de Buenas Brisas y San Agustín a abandonar sus hogares.

Además del desplazamiento, la gobernadora advirtió que estas comunidades enfrentan una “grave y sostenida crisis humanitaria” debido a la posible presencia de artefactos explosivos instalados por los grupos armados, lo que pone en riesgo la vida de quienes permanecen en la zona y limita su movilidad. Las autoridades han iniciado verificaciones para censar a la población damnificada y activar la ruta de atención humanitaria.

La mandataria hizo un nuevo llamado al Gobierno Nacional para que adopte medidas efectivas que protejan a estas comunidades vulnerables, que continúan siendo víctimas del accionar de los grupos armados ilegales. La situación evidencia la necesidad de una intervención estatal más robusta para garantizar los derechos humanos en el departamento.