La defensora Iris Marín calificó la situación como una “regresividad en la garantía del derecho a la salud”.

Un caso emblemático es el de Maritza Martínez, una mujer en Barranquilla que falleció esperando durante 11 meses un medicamento vital para su hipertensión pulmonar, a pesar de tener un fallo de tutela a su favor. En un video grabado antes de morir, denunció la negligencia de su EPS. La crisis financiera es evidente en las deudas millonarias de las EPS con los proveedores. Colsubsidio anunció que mantendrá la entrega de medicamentos a la Nueva EPS tras un nuevo acuerdo de pago, pero otras entidades han suspendido servicios. El Hospital Universitario de Caldas suspendió servicios no urgentes a la Nueva EPS por una deuda de 83.400 millones de pesos, y la Clínica La Magdalena en Barrancabermeja hizo lo propio por una deuda de 30.000 millones, afectando a unos 500.000 usuarios.