El fallecimiento de una adolescente de 15 años, atropellada por un taxista en alto estado de embriaguez en Bogotá, ha reavivado el debate sobre la irresponsabilidad al volante y la necesidad de sanciones más severas para prevenir estas tragedias. El suceso vulnera el derecho fundamental a la vida y expone las fallas en el control de conductores reincidentes. El 8 de noviembre, José Eduardo Chalá Franco, de 56 años, conducía su taxi a alta velocidad por el barrio Santa Rita, en la localidad de San Cristóbal, cuando perdió el control y arrolló a un grupo de 11 personas, entre ellas cuatro menores. Las pruebas de alcoholemia confirmaron que Chalá tenía grado tres de embriaguez. Entre las víctimas más graves se encontraban los hermanos Karol Estefanía Arturo Torres, de 15 años, y Juan Martín, de 7. Karol Estefanía falleció el 11 de noviembre en el Hospital Santa Clara a causa de un paro cardiorrespiratorio, tras varios días en la unidad de cuidados intensivos con un daño neurológico irreversible.
Su hermano Juan Martín permanece en estado crítico, en coma inducido para protección neuronal.
Durante la audiencia de imputación, el fiscal del caso, con la voz entrecortada, describió el sufrimiento de las familias y calificó la conducta del conductor como “irresponsable y cruel”.
Chalá Franco, quien tenía más de diez comparendos previos por infracciones de tránsito, aceptó los cargos por homicidio en grado de tentativa y lesiones personales dolosas agravadas, y un juez ordenó su reclusión en un centro carcelario. Con la muerte de la adolescente, la Fiscalía podría elevar los cargos a homicidio agravado. El alcalde Carlos Fernando Galán repudió el acto y aseguró que “no quedará impune”, comprometiéndose a fortalecer las acciones contra la conducción bajo los efectos del alcohol.
En resumenLa muerte de Karol Estefanía Arturo y el estado crítico de su hermano son el resultado trágico de la conducción en estado de ebriedad, un problema recurrente que exige una respuesta contundente del sistema judicial y un mayor compromiso social para proteger el derecho a la vida en las vías del país. La judicialización del conductor es un paso inicial, pero la prevención sigue siendo el mayor desafío.