El presidente Gustavo Petro fue quien dio a conocer las capturas, confirmando que los uniformados fueron retirados de sus funciones y puestos a disposición de las autoridades competentes. El Ministro de Defensa, Pedro Sánchez, se pronunció enérgicamente sobre el caso, afirmando que los militares implicados “se salieron de toda la ética” y que “no hay espacio para la criminalidad ni la impunidad” dentro de la Fuerza Pública. El abogado penalista Óscar Santamaría explicó que la investigación avanza para esclarecer los hechos, mientras la comunidad de Frontino clama por justicia, describiendo a la víctima como un joven tranquilo que “no se metía con nadie”.

Según informes preliminares, el civil fue detenido en octubre en los alrededores de las instalaciones militares.

Un testimonio conocido por LA FM detalla una versión macabra de los hechos: “Lo mataron a punta de golpes y lo botaron al río”. La investigación busca determinar las circunstancias exactas de la muerte y el grado de responsabilidad de cada uno de los nueve uniformados detenidos. Este caso representa una grave denuncia de violación de derechos humanos por parte de miembros de la fuerza pública, poniendo a prueba el compromiso de las instituciones con la justicia y la no repetición de crímenes de Estado.