El informe “Medicamentos inaccesibles, derechos vulnerados”, presentado por la defensora Iris Marín, revela que los pacientes llegan a gastar hasta el 90 % de sus ingresos para costear tratamientos que el sistema no les entrega a tiempo.

“Estamos ante una situación de regresividad en la garantía del derecho a la salud”, advirtió Marín. Entre 2022 y 2025, la Superintendencia de Salud registró cerca de 685,000 reclamos por medicamentos, un promedio de 1,600 casos diarios. En los últimos cinco años, se han radicado más de un millón de tutelas por salud, siendo la entrega inoportuna de medicamentos una de las principales causas. La crisis financiera es uno de los factores estructurales. Deudas millonarias de EPS intervenidas, como la Nueva EPS, han llevado a la suspensión de servicios. En Cúcuta, 1,700 pacientes con VIH se quedaron sin tratamiento debido a una deuda de más de 120 mil millones de pesos con el Hospital Erasmo Meoz y la IPS Vihonco. Similarmente, la clínica Magdalena en Barrancabermeja y el grupo de hospitales Cayena Azul suspendieron servicios a la Nueva EPS por deudas acumuladas.

Pacientes de diversas regiones del país, desde Pasto hasta La Guajira, relatan historias estremecedoras, con frases como: “Nos entregan los medicamentos cuando ya estamos muertas”. Exministros de Salud han denunciado un “colapso planificado” del sistema por parte del Gobierno, acusándolo de alterar la arquitectura institucional por vías irregulares.