El ataque, atribuido al frente ‘José Adonay Ardila Pinilla’ del ELN, reavivó las alarmas sobre la expansión de grupos armados hacia el centro del país y la amenaza a la seguridad ciudadana. En la madrugada del 8 de noviembre, dos hombres abandonaron una volqueta cargada con 24 cilindros explosivos en el barrio Curubal, cerca de la base militar. Gracias a la información de la comunidad, las fuerzas de seguridad acordonaron la zona y procedieron a una detonación controlada.

Durante el procedimiento, algunos artefactos se activaron y fueron expulsados hacia las instalaciones del batallón, causando daños materiales y dejando a varios soldados heridos, aunque sin víctimas fatales.

El presidente Gustavo Petro confirmó la neutralización del atentado y pidió “no bajar la guardia y golpear al narcotráfico”.

El Ministro de Defensa, Pedro Sánchez, calificó el hecho como un intento de atentado de un “cartel narcotraficante” y anunció una recompensa de hasta $100 millones por información sobre los responsables directos, y hasta $500 millones por alias 'Poeta' (Jussef Morales Betancourt), señalado como el cabecilla del ELN detrás del ataque. Adicionalmente, se ofreció una recompensa de $200 millones para prevenir futuros atentados en el país. Como respuesta inmediata, se convocó un consejo extraordinario de seguridad en Tunja, liderado por la cúpula militar y en coordinación con las autoridades locales, para reforzar las medidas de seguridad en la región. El comandante de las Fuerzas Militares, almirante Francisco Hernando Cubides, ordenó aumentar la ofensiva contra las estructuras del ELN.