La investigación se centra en Juan Carlos Suárez Ortiz, de 27 años, también exestudiante de Los Andes y único capturado, y en Ricardo Rafael González Castro, de 22 años, quien se encuentra prófugo. Según la Fiscalía, la agresión mortal se desató después de que dos mujeres, Kleidymar Paola Fernández y Bertha Yohana Parra, acusaran a Moreno de “estar acosando mujeres” dentro del bar Before Club.

Testimonios indican que estas acusaciones, que no fueron verificadas, incitaron a Suárez y González a perseguir y golpear brutalmente a la víctima. Un amigo de Moreno, testigo clave, relató que Suárez, practicante de artes marciales, pidió “motivación” para continuar la golpiza. Sin embargo, otras fuentes de la investigación, citadas por El Tiempo, señalan que las cámaras del bar “desmontan la versión” del acoso, lo que dejaría el ataque sin un móvil claro.

El proceso judicial contra Suárez ha estado marcado por controversias.

La defensa de la familia de la víctima ha solicitado que se le imponga medida de aseguramiento en centro carcelario, argumentando que representa un peligro para la sociedad. Por su parte, la defensa de Suárez ha pedido prisión domiciliaria, alegando que su participación no fue determinante en la muerte y que errores de la Fiscalía podrían llevar a su libertad. El abogado penalista Iván Cancino advirtió sobre fallos frecuentes en la Fiscalía, que actúa con “afán mediático y sin la debida preparación”, generando libertades que causan indignación. Mientras tanto, la búsqueda de González Castro, exmilitar y vendedor informal, se intensifica, con pistas que apuntan a su posible paradero en Cartagena.