La retención ocurrió durante una operación del Ejército y el CTI en la que fue capturada una mujer. Tras una breve liberación gestionada por una comisión humanitaria, los soldados fueron nuevamente secuestrados por la comunidad, que ahora exige la liberación de la mujer detenida como condición para su entrega. En un hecho similar, el patrullero de la Policía secuestrado entre Cauca y Huila por el frente ‘Dagoberto Ramos Ortiz’ de las disidencias de ‘Iván Mordisco’, apareció en un video enviando un mensaje mientras se dirigía a Popayán para conocer a su hijo recién nacido. El Ministerio de Defensa rechazó categóricamente estos actos, señalando que atacan el corazón de la nación. Estos secuestros no solo constituyen una violación flagrante a la libertad individual y al DIH, sino que también demuestran la compleja dinámica en los territorios, donde la población civil es utilizada por grupos ilegales para obstruir la acción de las autoridades y negociar con la vida de los uniformados.
Secuestro de miembros de la fuerza pública persiste como violación al DIH
El secuestro de miembros de la fuerza pública por parte de grupos armados y comunidades instrumentalizadas continúa siendo una grave violación al Derecho Internacional Humanitario (DIH) en Colombia. Casos recientes en Meta, Huila y Cauca, atribuidos a disidencias de las FARC, evidencian la persistencia de esta práctica como método de presión y control territorial. En La Macarena, Meta, dos soldados profesionales, Edgar Mina Carabalí y Ángel González Garcés, fueron secuestrados por cerca de 400 personas, presuntamente presionadas por el bloque ‘Jorge Suárez Briceño’.



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