Según las investigaciones, la víctima habría sido sometida a torturas que le causaron la muerte. El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, calificó los actos como una desviación total de la ética militar, afirmando que los uniformados “‘se salieron de toda la ética’”. Los nueve militares implicados fueron retirados de sus funciones y puestos a disposición de las autoridades competentes para que respondan por los graves señalamientos. La Fiscalía General de la Nación avanza en la investigación para esclarecer las circunstancias exactas de la muerte y la presunta desaparición forzada del cuerpo, que según versiones preliminares, habría sido arrojado a un río. El abogado penalista Óscar Santamaria explicó que la investigación está en curso para determinar las responsabilidades individuales de los capturados. Este caso se suma a la preocupante lista de denuncias por abuso de autoridad y violaciones a los derechos humanos por parte de miembros de la fuerza pública, lo que exige una investigación transparente y sanciones ejemplares para garantizar la no repetición y fortalecer la confianza en las instituciones.