El derecho a la salud en Colombia enfrenta una crisis estructural, marcada por barreras de acceso, desabastecimiento de medicamentos y una profunda desfinanciación que afecta a millones de usuarios. La Defensoría del Pueblo ha emitido una contundente alerta, señalando que la problemática se ha agravado, con un aumento exponencial de quejas y tutelas como reflejo del deterioro del sistema. Un informe presentado por la defensora del Pueblo, Iris Marín, revela cifras alarmantes: entre 2020 y 2025 se interpusieron más de un millón de tutelas en salud, convirtiéndose en el segundo derecho más invocado ante la Corte Constitucional. Solo en 2025, el 33,8 % de las tutelas correspondieron a salud, y de estas, el 36,8 % estuvieron relacionadas con la entrega inoportuna de medicamentos. La situación es tan crítica que, según el informe, los usuarios llegan a destinar hasta el 90 % de sus ingresos para cubrir tratamientos que el sistema no les provee.
La Federación Médica Colombiana (FMC) se suma a la preocupación, atribuyendo la crisis a un manejo irregular de recursos y advirtiendo sobre un posible colapso operativo de hospitales si no se toman medidas urgentes.
La FMC critica que las EPS reclaman deudas millonarias, muchas sin soporte contable, mientras los trabajadores del sector sufren precarización laboral. En este contexto, la discusión de la reforma a la salud en el Congreso se encuentra estancada, lo que para gremios como la FMC y la CUT representa una oportunidad perdida para corregir las fallas de un modelo que, según afirman, priorizó el negocio sobre la atención al paciente.
En resumenLa crisis del sistema de salud en Colombia se manifiesta en el aumento de tutelas, la falta de medicamentos y una creciente carga financiera para los pacientes. La Defensoría del Pueblo y gremios médicos urgen una reforma estructural y consensuada que garantice la sostenibilidad financiera y el acceso equitativo a la salud, mientras la parálisis legislativa agrava la incertidumbre y el deterioro de la atención.