Los solicitantes podrán elegir entre una compensación en dinero, cuyo monto será definido por los jueces de restitución, o la restitución material o jurídica de sus predios. Para facilitar el proceso, se crearán sistemas digitales que permitirán a las víctimas consultar el estado de sus solicitudes y se habilitarán canales de atención en consulados y embajadas, en coordinación con la Cancillería. Los recursos para esta compensación provendrán del presupuesto de la Unidad de Restitución de Tierras (URT). Esta iniciativa se complementa con otras acciones de reparación a comunidades étnicas, como el reciente fallo que ordenó la restitución y formalización de un territorio colectivo para 57 familias de la comunidad indígena Ksxa’w Nasa Alto Danubio en Putumayo, quienes también fueron víctimas de desplazamiento forzado y otras violencias por parte de actores armados. Estas medidas representan un avance en el reconocimiento de los derechos de las víctimas y en la construcción de la paz territorial.