Mientras tanto, la crisis financiera del sector se agudiza. Un juzgado de Florencia, Caquetá, amplió un embargo contra la Nueva EPS, la entidad con más afiliados del país, a 887.000 millones de pesos, afectando recursos destinados a la atención de usuarios. La agente interventora de la EPS advirtió que la medida vulnera el derecho a la salud al impedir el pago a la red de clínicas y hospitales. La situación ha provocado un deterioro en la atención, como lo evidencian las protestas del magisterio. La Federación Colombiana de Educadores (Fecode) convocó a un paro nacional el 30 de octubre para exigir la correcta implementación de su nuevo modelo de salud, administrado por la Fiduprevisora, denunciando demoras y deficiencias en el servicio. La Central Unitaria de Trabajadores (CUT) respaldó la movilización, exigiendo la eliminación de los operadores que, al igual que las EPS, han sido señalados por irregularidades. Este panorama de parálisis legislativa, crisis de liquidez y descontento social pone en jaque la sostenibilidad del sistema y el acceso efectivo a la salud para millones de personas.