Denuncian instrumentalización del pueblo indígena Nukak en proyectos de bonos de carbono

Una investigación periodística ha revelado que la comunidad indígena Nukak, en el departamento del Guaviare, ha sido objeto de manipulación por parte de terceros para el desarrollo de proyectos de bonos de carbono. Estos hechos exponen la vulnerabilidad de los pueblos originarios frente a nuevas formas de explotación económica y la violación de su derecho a la consulta previa, libre e informada. Según un reportaje del proyecto 360-grados, desde 2019 diversas empresas e intermediarios han intentado firmar contratos con los Nukak para comercializar bonos de carbono derivados de la conservación de sus bosques, sin un consentimiento claro ni beneficios tangibles para la comunidad. Se señala a Jeison Benachi, expresidente del partido MAIS en Guaviare y fundador de la empresa CorpoGreen, de haber actuado como intermediario, recibiendo presuntamente más de 160 millones de pesos de inversionistas con promesas de ganancias millonarias que nunca se materializaron. El reportaje indica que en 2021, la empresa Amazon Carbon firmó un acuerdo por 30 años con el representante legal de la comunidad, Joaquín Nijbe, pero el contrato fue cancelado a principios de 2024 al no recibir ningún pago. Ante esta situación, los Nukak emitieron un comunicado en septiembre de 2025 en el que advirtieron que “terceros ajenos a nuestro pueblo, con otros intereses, han gestionado y ejecutado proyectos sin nuestro consentimiento previo”.

Anunciaron la creación de un “equipo técnico jurídico de confianza” como único canal para aceptar futuros proyectos. A pesar de los intentos de lucro a costa de su territorio, la comunidad Nukak continúa viviendo en condiciones precarias, lo que evidencia la falta de protección estatal y el riesgo que enfrentan ante el auge de las economías verdes.

En resumen

El pueblo indígena Nukak ha sido manipulado por empresas e intermediarios en proyectos de bonos de carbono, sin recibir beneficios y violando su derecho al consentimiento. La comunidad ha denunciado la situación y ha establecido un equipo jurídico para proteger su territorio y autonomía frente a estas nuevas formas de explotación.

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Hasta ahora, 16 niños muertos, ¿vendrán más? egutierrez Dom, 23/11/2025 - 08:43 Rodrigo López Oviedo Dom, 23/11/2025 - 08:43 Estos hechos son aún más deplorables por haber sido ordenados por el presidente Petro, a quien vimos censurar hechos similares cuando fungía como congresista. PUBLICIDAD Como si hubiera sido poca la preocupación que nos produjo el bombardeo ocurrido en el Guaviare, que dejó a 7 madres llorando la muerte de sus adolescentes hijos, hemos sabido después, por boca de la subdirectora de la fundación Pares, que ya antes, entre agosto y este luctuoso día, se habían producido tres bombardeos más con otros seis menores muertos, a los cuales habría que agregar los que pudieron caer en otras doce operaciones similares realizadas en este 2025.Estos hechos son aún más deplorables por haber sido ordenados por el presidente Petro, a quien vimos censurar hechos similares cuando fungía como congresista. No puede ser que ahora, gracias a un enroque presidencial, este tipo de hechos se hayan vuelto aceptables y que Petro los justifique con argumentos traídos de los cabellos, como el de que las víctimas de reclutamiento forzado son también “objetivos militares legítimos” y que como tal hay que tratarlos.Refiriéndose a este último bombardeo, dice el señor presidente que fue la respuesta a una emboscada en la que estaban en riesgo inminente de caer 20 soldados. Esta es una justificación difícil de creer, ya que por informaciones anteriores sabíamos que lo bombardeado había sido un campamento, y desde un campamento es muy difícil emboscar a nadie. Adicionalmente, tampoco es creíble que la emboscada fuera inminente, ya que entre la orden de bombardear y el bombardeo mismo transcurrieron tres días.Pues no, señor presidente, antes que bombas lo que requieren estos menores es que, a cambio de revictimizarlos a costa de su propia vida, se les reconozca como titulares del derecho a protección especial, lo cual obliga a que cualquier operativo militar que pueda afectarlos se preceda de un caudal suficiente de precauciones que eviten desenlaces como los que hoy lamentamos. La única razón que podría explicar su cambio de actitud, de supeditar la condición de víctimas del conflicto de estos menores a la de “objetivos militares legítimos”, es que esté cediendo a la exigencia de resultados militares que demanda la derecha.Señalemos finalmente una nueva preocupación, y es la de que, también por orden presidencial, los bombardeos continuarán, y esto nos coloca ante una disyuntiva: irnos acostumbrando pasivamente a ser testigos de que se sigan ejecutando, o rechazarlos desde las calles, ahora sin la venia presidencial e, incluso, contra su voluntad. La respuesta no puede ser otra que la de evitar convertimos en cómplices, como lo fuimos al permitir que 16 billones de pesos, que podrían servir para atender necesidades apremiantes, se hubieran destinado a la compra de aviones de guerra. Y guerra no es lo que necesitamos. Necesitamos paz.

El Nuevo Día

Denuncian instrumentalización del pueblo indígena Nukak en proyectos de bonos de carbono

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