Los exámenes veterinarios revelaron que la canina presentaba “dolor en la columna y las costillas”. La Fiscalía General de la Nación anunció la apertura de una investigación formal contra el agresor por el delito de maltrato animal, recolectando los videos como material probatorio. Además, se denunció que el hombre tenía en su poder otros dos gatos, los cuales inicialmente escondió de las autoridades pero que posteriormente fueron rescatados. Este caso ha impulsado debates sobre la efectividad de la 'Ley Ángel' (Ley 1774 de 2016), que penaliza el maltrato animal con multas y penas de prisión, y ha motivado la creación de nuevas iniciativas como el primer Consultorio Jurídico Animal en Bogotá por parte de la Fundación Universitaria San Martín.
Indignación nacional por caso de maltrato animal: perrita 'Samantha' es rescatada en Bogotá
Un grave caso de maltrato animal en el norte de Bogotá, donde una perrita de 14 años llamada Samantha fue brutalmente agredida por su cuidador, ha generado una ola de indignación nacional y ha puesto de relieve la importancia de la denuncia ciudadana y la respuesta institucional. El rescate del animal y la judicialización del agresor marcan un precedente en la lucha por los derechos de los animales en el país. El caso se hizo público gracias a videos grabados por vecinos de un conjunto residencial en Usaquén, que mostraban a un hombre golpeando repetidamente a la perrita de raza Golden Retriever. La difusión de las imágenes en redes sociales provocó una reacción inmediata de la comunidad y de organizaciones animalistas, que exigieron una intervención urgente. En respuesta, la Policía de Bogotá y el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYB) acudieron al lugar y rescataron a Samantha.



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Las autoridades sorprendieron a los sospechosos en flagrancia, incautando armas y munición durante el operativo.

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Hasta ahora, 16 niños muertos, ¿vendrán más? egutierrez Dom, 23/11/2025 - 08:43 Rodrigo López Oviedo Dom, 23/11/2025 - 08:43 Estos hechos son aún más deplorables por haber sido ordenados por el presidente Petro, a quien vimos censurar hechos similares cuando fungía como congresista. PUBLICIDAD Como si hubiera sido poca la preocupación que nos produjo el bombardeo ocurrido en el Guaviare, que dejó a 7 madres llorando la muerte de sus adolescentes hijos, hemos sabido después, por boca de la subdirectora de la fundación Pares, que ya antes, entre agosto y este luctuoso día, se habían producido tres bombardeos más con otros seis menores muertos, a los cuales habría que agregar los que pudieron caer en otras doce operaciones similares realizadas en este 2025.Estos hechos son aún más deplorables por haber sido ordenados por el presidente Petro, a quien vimos censurar hechos similares cuando fungía como congresista. No puede ser que ahora, gracias a un enroque presidencial, este tipo de hechos se hayan vuelto aceptables y que Petro los justifique con argumentos traídos de los cabellos, como el de que las víctimas de reclutamiento forzado son también “objetivos militares legítimos” y que como tal hay que tratarlos.Refiriéndose a este último bombardeo, dice el señor presidente que fue la respuesta a una emboscada en la que estaban en riesgo inminente de caer 20 soldados. Esta es una justificación difícil de creer, ya que por informaciones anteriores sabíamos que lo bombardeado había sido un campamento, y desde un campamento es muy difícil emboscar a nadie. Adicionalmente, tampoco es creíble que la emboscada fuera inminente, ya que entre la orden de bombardear y el bombardeo mismo transcurrieron tres días.Pues no, señor presidente, antes que bombas lo que requieren estos menores es que, a cambio de revictimizarlos a costa de su propia vida, se les reconozca como titulares del derecho a protección especial, lo cual obliga a que cualquier operativo militar que pueda afectarlos se preceda de un caudal suficiente de precauciones que eviten desenlaces como los que hoy lamentamos. La única razón que podría explicar su cambio de actitud, de supeditar la condición de víctimas del conflicto de estos menores a la de “objetivos militares legítimos”, es que esté cediendo a la exigencia de resultados militares que demanda la derecha.Señalemos finalmente una nueva preocupación, y es la de que, también por orden presidencial, los bombardeos continuarán, y esto nos coloca ante una disyuntiva: irnos acostumbrando pasivamente a ser testigos de que se sigan ejecutando, o rechazarlos desde las calles, ahora sin la venia presidencial e, incluso, contra su voluntad. La respuesta no puede ser otra que la de evitar convertimos en cómplices, como lo fuimos al permitir que 16 billones de pesos, que podrían servir para atender necesidades apremiantes, se hubieran destinado a la compra de aviones de guerra. Y guerra no es lo que necesitamos. Necesitamos paz.





