ELN amenaza con 'juicio revolucionario' a funcionarios secuestrados, escalando la tensión en Arauca

El Frente de Guerra Oriental del ELN anunció que someterá a un “juicio revolucionario” a cuatro funcionarios del Estado que mantiene secuestrados en Arauca, una acción que ha sido categóricamente rechazada por la Fiscalía y el Ministerio de Defensa. Esta amenaza representa una grave violación al Derecho Internacional Humanitario y pone en jaque los diálogos de paz con el Gobierno. El grupo armado difundió pruebas de supervivencia del subintendente Franky Hoyos, el patrullero Fabián Pérez, y los agentes del CTI Jesús Pacheco y Antonio Oviedo, secuestrados entre mayo y julio de 2025. En los comunicados, el ELN afirma que los secuestrados podrían enfrentar penas de “3 a 7 años de prisión” y critica la lentitud en las negociaciones para un posible canje humanitario. La Fiscalía General de la Nación rechazó la propuesta y calificó el hecho como un secuestro extorsivo. En un comunicado, la entidad expresó que “son inadmisibles tanto la amenaza de un supuesto ‘juicio revolucionario’ contra los dos servidores de la entidad y los agentes de la Policía Nacional como las demás pretensiones”. Por su parte, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, responsabilizó al ELN por la vida e integridad de los secuestrados y exigió su liberación inmediata. “Si el ELN tiene algo de sentido humano, lo mejor que puede hacer es liberarlos”, declaró el ministro. La Defensoría del Pueblo ha alertado sobre la escalada del conflicto en Arauca, donde el ELN y las disidencias de las Farc se disputan el control territorial, afectando gravemente a la población civil.

En resumen

La amenaza del ELN de enjuiciar a los funcionarios que tiene secuestrados en Arauca ha sido condenada por el Gobierno y la Fiscalía como una violación al DIH. Este acto agrava la situación humanitaria en la región y representa un serio obstáculo para los esfuerzos de paz.

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Hasta ahora, 16 niños muertos, ¿vendrán más?

Hasta ahora, 16 niños muertos, ¿vendrán más? egutierrez Dom, 23/11/2025 - 08:43 Rodrigo López Oviedo Dom, 23/11/2025 - 08:43 Estos hechos son aún más deplorables por haber sido ordenados por el presidente Petro, a quien vimos censurar hechos similares cuando fungía como congresista. PUBLICIDAD Como si hubiera sido poca la preocupación que nos produjo el bombardeo ocurrido en el Guaviare, que dejó a 7 madres llorando la muerte de sus adolescentes hijos, hemos sabido después, por boca de la subdirectora de la fundación Pares, que ya antes, entre agosto y este luctuoso día, se habían producido tres bombardeos más con otros seis menores muertos, a los cuales habría que agregar los que pudieron caer en otras doce operaciones similares realizadas en este 2025.Estos hechos son aún más deplorables por haber sido ordenados por el presidente Petro, a quien vimos censurar hechos similares cuando fungía como congresista. No puede ser que ahora, gracias a un enroque presidencial, este tipo de hechos se hayan vuelto aceptables y que Petro los justifique con argumentos traídos de los cabellos, como el de que las víctimas de reclutamiento forzado son también “objetivos militares legítimos” y que como tal hay que tratarlos.Refiriéndose a este último bombardeo, dice el señor presidente que fue la respuesta a una emboscada en la que estaban en riesgo inminente de caer 20 soldados. Esta es una justificación difícil de creer, ya que por informaciones anteriores sabíamos que lo bombardeado había sido un campamento, y desde un campamento es muy difícil emboscar a nadie. Adicionalmente, tampoco es creíble que la emboscada fuera inminente, ya que entre la orden de bombardear y el bombardeo mismo transcurrieron tres días.Pues no, señor presidente, antes que bombas lo que requieren estos menores es que, a cambio de revictimizarlos a costa de su propia vida, se les reconozca como titulares del derecho a protección especial, lo cual obliga a que cualquier operativo militar que pueda afectarlos se preceda de un caudal suficiente de precauciones que eviten desenlaces como los que hoy lamentamos. La única razón que podría explicar su cambio de actitud, de supeditar la condición de víctimas del conflicto de estos menores a la de “objetivos militares legítimos”, es que esté cediendo a la exigencia de resultados militares que demanda la derecha.Señalemos finalmente una nueva preocupación, y es la de que, también por orden presidencial, los bombardeos continuarán, y esto nos coloca ante una disyuntiva: irnos acostumbrando pasivamente a ser testigos de que se sigan ejecutando, o rechazarlos desde las calles, ahora sin la venia presidencial e, incluso, contra su voluntad. La respuesta no puede ser otra que la de evitar convertimos en cómplices, como lo fuimos al permitir que 16 billones de pesos, que podrían servir para atender necesidades apremiantes, se hubieran destinado a la compra de aviones de guerra. Y guerra no es lo que necesitamos. Necesitamos paz.

El Nuevo Día

ELN amenaza con 'juicio revolucionario' a funcionarios secuestrados, escalando la tensión en Arauca

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