Municipios como Lloró y Bagadó se encuentran entre los más golpeados, con comunidades enteras atrapadas por las inundaciones.

Las crecientes súbitas no solo han causado daños en viviendas e infraestructura, sino que también han provocado la pérdida de cultivos y enseres, afectando gravemente la seguridad alimentaria y la movilidad de las poblaciones rurales y ribereñas. Ante la magnitud de la crisis, la Procuraduría General de la Nación instó a la gobernación y a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) a activar con urgencia los recursos de emergencia. El ente de control solicitó el despliegue de brigadas móviles de atención humanitaria y técnica en las zonas más perjudicadas y el establecimiento de un canal de comunicación permanente con las alcaldías y organismos de socorro. Por su parte, el Ministerio de Vivienda anunció la destinación de más de 114.000 millones de pesos para el mejoramiento de 3.200 viviendas en 23 municipios del departamento, como parte de la respuesta gubernamental a la emergencia.