La violencia de género persiste en Colombia: de condenas mediáticas a alarmantes cifras oficiales

Recientes fallos judiciales e informes institucionales evidencian la grave y persistente crisis de violencia contra la mujer en Colombia. La condena contra el experiodista Juan Fernando Barona y las alarmantes cifras de la Defensoría del Pueblo subrayan la urgencia de una respuesta estatal más efectiva. El Juzgado 129 Penal de Conocimiento de Bogotá condenó a Juan Fernando Barona a dos años y ocho meses de libertad condicional por lesiones personales agravadas contra su expareja en 2022. Aunque el caso no fue tipificado como violencia intrafamiliar al determinar el juzgado que “no existía una unidad familiar”, la sentencia abordó el caso desde una perspectiva de género, enfatizando el incumplimiento del deber de protección de Barona. La jueza Xinia Navarro citó en la sentencia: “La superioridad física y numérica fue instrumentalizada de manera consciente y deliberada, y la violencia fue una elección, no una necesidad”. Este caso se suma a otros feminicidios que han conmocionado al país, como el de Yuri Alejandra Pineda Cabueñas, de 19 años, asesinada en la comuna 13 de Medellín presuntamente por su expareja. La situación es alarmante a nivel nacional, como lo confirma un informe de la Defensoría del Pueblo que registró 76 feminicidios entre enero y septiembre de 2025.

El reporte también documentó 11.000 casos de violencia intrafamiliar y otros 11.000 delitos sexuales en el mismo periodo.

La Defensoría alertó que “no son solo cifras, son vidas de mujeres, niñas y personas diversas que merecen vivir sin miedo”. Además, se ha puesto de relieve la existencia de la mutilación genital femenina en el país, una práctica que viola los derechos humanos y que actualmente se debate en el Congreso para su erradicación.

En resumen

La violencia de género en Colombia se manifiesta a través de feminicidios, agresiones y prácticas como la mutilación genital. A pesar de condenas como la del periodista Juan Fernando Barona, las cifras de la Defensoría del Pueblo demuestran que es una crisis sistémica que requiere acciones contundentes para proteger la vida y la dignidad de las mujeres.

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Hasta ahora, 16 niños muertos, ¿vendrán más? egutierrez Dom, 23/11/2025 - 08:43 Rodrigo López Oviedo Dom, 23/11/2025 - 08:43 Estos hechos son aún más deplorables por haber sido ordenados por el presidente Petro, a quien vimos censurar hechos similares cuando fungía como congresista. PUBLICIDAD Como si hubiera sido poca la preocupación que nos produjo el bombardeo ocurrido en el Guaviare, que dejó a 7 madres llorando la muerte de sus adolescentes hijos, hemos sabido después, por boca de la subdirectora de la fundación Pares, que ya antes, entre agosto y este luctuoso día, se habían producido tres bombardeos más con otros seis menores muertos, a los cuales habría que agregar los que pudieron caer en otras doce operaciones similares realizadas en este 2025.Estos hechos son aún más deplorables por haber sido ordenados por el presidente Petro, a quien vimos censurar hechos similares cuando fungía como congresista. No puede ser que ahora, gracias a un enroque presidencial, este tipo de hechos se hayan vuelto aceptables y que Petro los justifique con argumentos traídos de los cabellos, como el de que las víctimas de reclutamiento forzado son también “objetivos militares legítimos” y que como tal hay que tratarlos.Refiriéndose a este último bombardeo, dice el señor presidente que fue la respuesta a una emboscada en la que estaban en riesgo inminente de caer 20 soldados. Esta es una justificación difícil de creer, ya que por informaciones anteriores sabíamos que lo bombardeado había sido un campamento, y desde un campamento es muy difícil emboscar a nadie. Adicionalmente, tampoco es creíble que la emboscada fuera inminente, ya que entre la orden de bombardear y el bombardeo mismo transcurrieron tres días.Pues no, señor presidente, antes que bombas lo que requieren estos menores es que, a cambio de revictimizarlos a costa de su propia vida, se les reconozca como titulares del derecho a protección especial, lo cual obliga a que cualquier operativo militar que pueda afectarlos se preceda de un caudal suficiente de precauciones que eviten desenlaces como los que hoy lamentamos. La única razón que podría explicar su cambio de actitud, de supeditar la condición de víctimas del conflicto de estos menores a la de “objetivos militares legítimos”, es que esté cediendo a la exigencia de resultados militares que demanda la derecha.Señalemos finalmente una nueva preocupación, y es la de que, también por orden presidencial, los bombardeos continuarán, y esto nos coloca ante una disyuntiva: irnos acostumbrando pasivamente a ser testigos de que se sigan ejecutando, o rechazarlos desde las calles, ahora sin la venia presidencial e, incluso, contra su voluntad. La respuesta no puede ser otra que la de evitar convertimos en cómplices, como lo fuimos al permitir que 16 billones de pesos, que podrían servir para atender necesidades apremiantes, se hubieran destinado a la compra de aviones de guerra. Y guerra no es lo que necesitamos. Necesitamos paz.

El Nuevo Día

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