Los habitantes se vieron forzados a abandonar sus hogares y pertenencias ante las amenazas de los grupos armados, que advertían con multas o desplazamientos forzosos si no acataban sus órdenes.

Ante la emergencia, la Gobernación de Antioquia envió al menos cuatro oficios al Ministerio de Defensa solicitando un refuerzo militar urgente, sin obtener respuesta inicial. El gobernador Andrés Julián Rendón criticó la “ausencia del Gobierno Nacional” y afirmó que la crisis es consecuencia de “negociar con narcos”. Finalmente, tropas de la Cuarta Brigada del Ejército lograron ingresar a la zona para iniciar labores de control territorial, aunque su avance es complejo por la presencia de minas. El personero municipal de Briceño, Wilmer Moreno Sánchez, interpuso una acción de tutela contra la Presidencia de la República por la presunta vulneración de los derechos de la población desplazada. En respuesta, un juzgado ordenó a la Unidad para las Víctimas brindar ayuda humanitaria de emergencia de manera inmediata. Organismos como el Comité Internacional de la Cruz Roja también han llegado a la zona para entregar kits de aseo y asistencia a las más de mil familias afectadas.