Esta acción agrava la violación de sus derechos humanos y tensiona cualquier posibilidad de diálogo de paz. El anuncio fue realizado por el Frente de Guerra Oriental del ELN a través de un video, en el que afirman que los agentes del CTI Jesús Antonio Pacheco y Rodrigo López, secuestrados en mayo, y los policías Yordi Pérez y Franki Hoyos, retenidos en julio, podrían enfrentar penas de "3 a 7 años de prisión". El grupo armado justifica esta medida por la supuesta falta de respuesta del Gobierno a una propuesta de "canje humanitario". La reacción de las instituciones del Estado fue inmediata y contundente.

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, exigió la liberación y afirmó: “Si el ELN tiene algo de sentido humano, lo mejor que puede hacer es liberarlos.

Someter a un ser humano al secuestro, es un crimen, no un acto político”. La Fiscalía General de la Nación calificó la amenaza como “inadmisible” y un acto de secuestro extorsivo, rechazando cualquier condicionamiento para la liberación de sus funcionarios. Por su parte, la Defensoría del Pueblo describió el anuncio como “una de las violaciones más graves al Derecho Internacional Humanitario”, recordando que los funcionarios no son combatientes. En medio de la tensión, Mayra Alejandra Díaz, esposa del agente Jesús Pacheco, expresó su angustia en W Radio, señalando que en la última prueba de supervivencia notó a su esposo enfermo y que los familiares no reciben información de las autoridades: “No sabemos nada”.