Colombia conmemora el Día de las Mujeres Buscadoras de Desaparecidos
Colombia conmemoró el Día Nacional de Reconocimiento a las Mujeres Buscadoras de Víctimas de Desaparición Forzada, una fecha que rinde homenaje a su lucha incansable por la verdad y la justicia. Sin embargo, la jornada también sirvió para que la Defensoría del Pueblo alertara sobre los lentos avances en la implementación de la Ley 2364 de 2024, que les otorga estatus de sujetas de especial protección. En el país, donde hay 132.877 personas dadas por desaparecidas en el conflicto, las mujeres constituyen la gran mayoría de quienes lideran la búsqueda, representando cerca del 60% de las personas registradas ante la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD). En el marco de la conmemoración, la UBPD y el Banco de la República anunciaron la inclusión de 19 biografías de buscadoras en la enciclopedia digital "Colombianas Notables". En eventos realizados en ciudades como Montería, se compartieron testimonios como el de Nelly Madrid de Pérez, quien busca a su esposo desde hace 35 años. A pesar de estos actos de reconocimiento, la Defensoría del Pueblo señaló que la mayoría de las 33 instituciones nacionales y 73 territoriales evaluadas no han desarrollado una oferta específica para las buscadoras en áreas como salud, educación y vivienda, como lo ordena la ley. Además, el Registro Nacional de Mujeres Buscadoras aún no está operativo. La Defensoría instó al Estado a acelerar la implementación de la ley y a crear protocolos de atención con enfoque diferencial, especialmente para las mujeres de comunidades étnicas.



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Hasta ahora, 16 niños muertos, ¿vendrán más? egutierrez Dom, 23/11/2025 - 08:43 Rodrigo López Oviedo Dom, 23/11/2025 - 08:43 Estos hechos son aún más deplorables por haber sido ordenados por el presidente Petro, a quien vimos censurar hechos similares cuando fungía como congresista. PUBLICIDAD Como si hubiera sido poca la preocupación que nos produjo el bombardeo ocurrido en el Guaviare, que dejó a 7 madres llorando la muerte de sus adolescentes hijos, hemos sabido después, por boca de la subdirectora de la fundación Pares, que ya antes, entre agosto y este luctuoso día, se habían producido tres bombardeos más con otros seis menores muertos, a los cuales habría que agregar los que pudieron caer en otras doce operaciones similares realizadas en este 2025.Estos hechos son aún más deplorables por haber sido ordenados por el presidente Petro, a quien vimos censurar hechos similares cuando fungía como congresista. No puede ser que ahora, gracias a un enroque presidencial, este tipo de hechos se hayan vuelto aceptables y que Petro los justifique con argumentos traídos de los cabellos, como el de que las víctimas de reclutamiento forzado son también “objetivos militares legítimos” y que como tal hay que tratarlos.Refiriéndose a este último bombardeo, dice el señor presidente que fue la respuesta a una emboscada en la que estaban en riesgo inminente de caer 20 soldados. Esta es una justificación difícil de creer, ya que por informaciones anteriores sabíamos que lo bombardeado había sido un campamento, y desde un campamento es muy difícil emboscar a nadie. Adicionalmente, tampoco es creíble que la emboscada fuera inminente, ya que entre la orden de bombardear y el bombardeo mismo transcurrieron tres días.Pues no, señor presidente, antes que bombas lo que requieren estos menores es que, a cambio de revictimizarlos a costa de su propia vida, se les reconozca como titulares del derecho a protección especial, lo cual obliga a que cualquier operativo militar que pueda afectarlos se preceda de un caudal suficiente de precauciones que eviten desenlaces como los que hoy lamentamos. La única razón que podría explicar su cambio de actitud, de supeditar la condición de víctimas del conflicto de estos menores a la de “objetivos militares legítimos”, es que esté cediendo a la exigencia de resultados militares que demanda la derecha.Señalemos finalmente una nueva preocupación, y es la de que, también por orden presidencial, los bombardeos continuarán, y esto nos coloca ante una disyuntiva: irnos acostumbrando pasivamente a ser testigos de que se sigan ejecutando, o rechazarlos desde las calles, ahora sin la venia presidencial e, incluso, contra su voluntad. La respuesta no puede ser otra que la de evitar convertimos en cómplices, como lo fuimos al permitir que 16 billones de pesos, que podrían servir para atender necesidades apremiantes, se hubieran destinado a la compra de aviones de guerra. Y guerra no es lo que necesitamos. Necesitamos paz.






