Archila Cruz y otro implicado fueron capturados y, según los informes, confesaron el crimen.

Sin embargo, el Juzgado 17 de Control de Garantías de Ibagué ordenó la libertad de Archila al constatar que habían transcurrido 153 días desde la acusación sin que se instalara la audiencia de juicio oral. La decisión ha sido calificada como una "bofetada a la memoria de Sharit" y una muestra de cómo "la justicia falla sistemáticamente". La familia de la víctima, colectivas feministas y la propia Universidad del Tolima han rechazado el fallo y han convocado a movilizaciones para exigir celeridad y rechazar la impunidad. La situación escaló a una alerta de seguridad pública con la aparición de un panfleto que ofrece una recompensa por la "neutralización" del liberado, lo que instiga a la justicia por mano propia y refleja la profunda desconfianza de la comunidad en el sistema judicial.