Esta medida, sin precedentes para un mandatario colombiano en ejercicio, eleva las tensiones diplomáticas a un nivel crítico, argumentando una presunta inacción y otorgamiento de beneficios a organizaciones narcoterroristas.

El Departamento del Tesoro de EE.

UU. justificó la acción afirmando que bajo la administración de Petro, "la producción de cocaína en Colombia ha explotado a tasas récord". La sanción implica el congelamiento de todos los activos y propiedades de los designados bajo jurisdicción estadounidense y prohíbe cualquier transacción con ellos. La medida se produce en un contexto de deterioro de las relaciones bilaterales, marcado por el anuncio del presidente Donald Trump de recortar drásticamente la ayuda antidrogas a Colombia y sus declaraciones en las que calificó a Petro de "líder del narcotráfico". La Embajada de EE.

UU. en Bogotá instó a Petro a "dejar de ser indulgente frente a los narcoterroristas". El presidente Petro reaccionó calificando la medida como "una arbitrariedad propia de un régimen de opresión" y aseguró no tener bienes ni cuentas en Estados Unidos. La inclusión en esta lista, junto a capos del narcotráfico y organizaciones criminales como el 'Clan del Golfo' y 'El Tren de Aragua', representa un duro golpe diplomático y político para el Gobierno colombiano.