Crisis humanitaria en Briceño: Más de 2.000 desplazados por amenazas de disidencias
Una grave crisis humanitaria se ha desatado en Briceño, Antioquia, donde más de 2.156 personas de 23 veredas han sido desplazadas forzosamente por amenazas y combates del Frente 36 de las disidencias de las FARC, desbordando la capacidad de respuesta del municipio y motivando una acción de tutela contra el Gobierno Nacional por su inacción. Según el alcalde Noé de Jesús Espinosa, las ayudas humanitarias se están agotando rápidamente, y la administración local se ha visto en la necesidad de sacrificar dos cerdos diarios para alimentar a la población desplazada, que incluye al menos 500 niños y 333 adultos mayores alojados en cinco albergues improvisados. Ante la falta de una respuesta contundente del nivel central, el personero municipal, Wilmer Moreno Sánchez, interpuso una acción de tutela contra la Presidencia de la República y la Unidad para las Víctimas (Uariv), acusándolas de vulnerar los derechos fundamentales a la vida digna y al mínimo vital de la población afectada. La tutela exige “brindar de manera inmediata, continua y subsidiaria la ayuda humanitaria de emergencia” sin condicionarla a la entrega de un censo depurado. Un juzgado ya admitió la acción y dio un plazo de tres días a las entidades gubernamentales para pronunciarse. La situación evidencia la extrema vulnerabilidad de las comunidades rurales atrapadas en medio de las disputas territoriales entre grupos armados y la aparente incapacidad del Estado para garantizar la protección y asistencia humanitaria oportuna, un deber fundamental para la protección de los derechos humanos.



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Hasta ahora, 16 niños muertos, ¿vendrán más? egutierrez Dom, 23/11/2025 - 08:43 Rodrigo López Oviedo Dom, 23/11/2025 - 08:43 Estos hechos son aún más deplorables por haber sido ordenados por el presidente Petro, a quien vimos censurar hechos similares cuando fungía como congresista. PUBLICIDAD Como si hubiera sido poca la preocupación que nos produjo el bombardeo ocurrido en el Guaviare, que dejó a 7 madres llorando la muerte de sus adolescentes hijos, hemos sabido después, por boca de la subdirectora de la fundación Pares, que ya antes, entre agosto y este luctuoso día, se habían producido tres bombardeos más con otros seis menores muertos, a los cuales habría que agregar los que pudieron caer en otras doce operaciones similares realizadas en este 2025.Estos hechos son aún más deplorables por haber sido ordenados por el presidente Petro, a quien vimos censurar hechos similares cuando fungía como congresista. No puede ser que ahora, gracias a un enroque presidencial, este tipo de hechos se hayan vuelto aceptables y que Petro los justifique con argumentos traídos de los cabellos, como el de que las víctimas de reclutamiento forzado son también “objetivos militares legítimos” y que como tal hay que tratarlos.Refiriéndose a este último bombardeo, dice el señor presidente que fue la respuesta a una emboscada en la que estaban en riesgo inminente de caer 20 soldados. Esta es una justificación difícil de creer, ya que por informaciones anteriores sabíamos que lo bombardeado había sido un campamento, y desde un campamento es muy difícil emboscar a nadie. Adicionalmente, tampoco es creíble que la emboscada fuera inminente, ya que entre la orden de bombardear y el bombardeo mismo transcurrieron tres días.Pues no, señor presidente, antes que bombas lo que requieren estos menores es que, a cambio de revictimizarlos a costa de su propia vida, se les reconozca como titulares del derecho a protección especial, lo cual obliga a que cualquier operativo militar que pueda afectarlos se preceda de un caudal suficiente de precauciones que eviten desenlaces como los que hoy lamentamos. La única razón que podría explicar su cambio de actitud, de supeditar la condición de víctimas del conflicto de estos menores a la de “objetivos militares legítimos”, es que esté cediendo a la exigencia de resultados militares que demanda la derecha.Señalemos finalmente una nueva preocupación, y es la de que, también por orden presidencial, los bombardeos continuarán, y esto nos coloca ante una disyuntiva: irnos acostumbrando pasivamente a ser testigos de que se sigan ejecutando, o rechazarlos desde las calles, ahora sin la venia presidencial e, incluso, contra su voluntad. La respuesta no puede ser otra que la de evitar convertimos en cómplices, como lo fuimos al permitir que 16 billones de pesos, que podrían servir para atender necesidades apremiantes, se hubieran destinado a la compra de aviones de guerra. Y guerra no es lo que necesitamos. Necesitamos paz.






