Contraloría alerta sobre grave crisis de derechos de la primera infancia indígena

Un informe de la Contraloría General de la República ha revelado la crítica situación que enfrenta la primera infancia indígena en varios departamentos del país, donde las tasas de mortalidad por desnutrición son hasta cuatro veces superiores al promedio nacional. Esta alarmante brecha social evidencia un abandono estatal histórico y una grave vulneración de los derechos fundamentales de los niños y niñas de los pueblos originarios. El estudio del organismo de control, presentado en el foro “La primera infancia indígena: deberes del Estado, compromiso de la sociedad”, evaluó la oferta de servicios de atención integral en las vigencias 2023 y 2024. Los resultados son contundentes: departamentos como Guainía, Vichada, Amazonas, Arauca, Guaviare, Vaupés y Putumayo registran los peores desempeños en la garantía de derechos de la niñez indígena. El contralor general, Carlos Hernán Rodríguez Becerra, señaló que “la niñez indígena presenta tasas de mortalidad por desnutrición entre tres y cuatro veces superiores al promedio nacional”. La problemática se agrava por la falta de información actualizada, ya que el DANE no cuenta con proyecciones recientes sobre esta población desde el censo de 2018, lo que dificulta la formulación de políticas públicas efectivas. Por su parte, el Procurador General, Gregorio Eljach Pacheco, calificó la situación como “dolorosa” y destacó que pone de relieve “la profunda victimización de la niñez indígena en el marco del conflicto armado”. Ambos organismos de control hicieron un llamado urgente al Gobierno Nacional para reforzar su rol como ente articulador, establecer mecanismos de seguimiento y cerrar las brechas que afectan a esta población, garantizando sus derechos a la salud, la alimentación y un desarrollo integral.

En resumen

La Contraloría General alertó sobre una grave crisis de derechos humanos en la primera infancia indígena, con tasas de mortalidad por desnutrición hasta cuatro veces mayores que el promedio nacional. La falta de atención estatal y de datos actualizados agrava la situación, lo que llevó a los entes de control a exigir acciones urgentes al Gobierno.

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Hasta ahora, 16 niños muertos, ¿vendrán más?

Hasta ahora, 16 niños muertos, ¿vendrán más? egutierrez Dom, 23/11/2025 - 08:43 Rodrigo López Oviedo Dom, 23/11/2025 - 08:43 Estos hechos son aún más deplorables por haber sido ordenados por el presidente Petro, a quien vimos censurar hechos similares cuando fungía como congresista. PUBLICIDAD Como si hubiera sido poca la preocupación que nos produjo el bombardeo ocurrido en el Guaviare, que dejó a 7 madres llorando la muerte de sus adolescentes hijos, hemos sabido después, por boca de la subdirectora de la fundación Pares, que ya antes, entre agosto y este luctuoso día, se habían producido tres bombardeos más con otros seis menores muertos, a los cuales habría que agregar los que pudieron caer en otras doce operaciones similares realizadas en este 2025.Estos hechos son aún más deplorables por haber sido ordenados por el presidente Petro, a quien vimos censurar hechos similares cuando fungía como congresista. No puede ser que ahora, gracias a un enroque presidencial, este tipo de hechos se hayan vuelto aceptables y que Petro los justifique con argumentos traídos de los cabellos, como el de que las víctimas de reclutamiento forzado son también “objetivos militares legítimos” y que como tal hay que tratarlos.Refiriéndose a este último bombardeo, dice el señor presidente que fue la respuesta a una emboscada en la que estaban en riesgo inminente de caer 20 soldados. Esta es una justificación difícil de creer, ya que por informaciones anteriores sabíamos que lo bombardeado había sido un campamento, y desde un campamento es muy difícil emboscar a nadie. Adicionalmente, tampoco es creíble que la emboscada fuera inminente, ya que entre la orden de bombardear y el bombardeo mismo transcurrieron tres días.Pues no, señor presidente, antes que bombas lo que requieren estos menores es que, a cambio de revictimizarlos a costa de su propia vida, se les reconozca como titulares del derecho a protección especial, lo cual obliga a que cualquier operativo militar que pueda afectarlos se preceda de un caudal suficiente de precauciones que eviten desenlaces como los que hoy lamentamos. La única razón que podría explicar su cambio de actitud, de supeditar la condición de víctimas del conflicto de estos menores a la de “objetivos militares legítimos”, es que esté cediendo a la exigencia de resultados militares que demanda la derecha.Señalemos finalmente una nueva preocupación, y es la de que, también por orden presidencial, los bombardeos continuarán, y esto nos coloca ante una disyuntiva: irnos acostumbrando pasivamente a ser testigos de que se sigan ejecutando, o rechazarlos desde las calles, ahora sin la venia presidencial e, incluso, contra su voluntad. La respuesta no puede ser otra que la de evitar convertimos en cómplices, como lo fuimos al permitir que 16 billones de pesos, que podrían servir para atender necesidades apremiantes, se hubieran destinado a la compra de aviones de guerra. Y guerra no es lo que necesitamos. Necesitamos paz.

El Nuevo Día

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