Rescatan a dos menores indígenas reclutadas forzosamente por disidencias en Cauca
El reclutamiento forzado de menores de edad por parte de grupos armados ilegales sigue siendo una grave violación de derechos humanos en el Cauca, como lo demuestra el reciente caso de dos niñas indígenas del pueblo Nasa. Su rescate, liderado por las propias autoridades indígenas, pone de manifiesto tanto la vulnerabilidad de las comunidades como su capacidad de resistencia y defensa del territorio. Dos adolescentes de 14 y 15 años fueron recuperadas por una misión humanitaria liderada por el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) y la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (ACIN), tras haber sido reclutadas forzosamente por el frente Jaime Martínez de las disidencias de las FARC. El hecho ocurrió en el corregimiento de Timba, municipio de Buenos Aires, una de las zonas más afectadas por la violencia en el norte del departamento. La operación de rescate no estuvo exenta de riesgos, ya que la comisión humanitaria fue atacada por los disidentes, quienes incluso retuvieron nuevamente a las menores antes de que pudieran ser puestas a salvo definitivamente. Eduin Mauricio Capaz, coordinador de Derechos Humanos del CRIC, confirmó la exitosa recuperación de las niñas, pero lanzó una alarmante advertencia: “Ahora nos falta rescatar alrededor de más de 700 niños” que continúan en poder de grupos ilegales en esa subregión. Este crimen de guerra, que viola sistemáticamente el Derecho Internacional Humanitario y los derechos de la niñez, evidencia la crítica situación de seguridad que enfrentan las comunidades indígenas, cuyos jóvenes son un objetivo constante para los actores armados que buscan fortalecer sus filas y control territorial.



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Las autoridades sorprendieron a los sospechosos en flagrancia, incautando armas y munición durante el operativo.

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Hasta ahora, 16 niños muertos, ¿vendrán más? egutierrez Dom, 23/11/2025 - 08:43 Rodrigo López Oviedo Dom, 23/11/2025 - 08:43 Estos hechos son aún más deplorables por haber sido ordenados por el presidente Petro, a quien vimos censurar hechos similares cuando fungía como congresista. PUBLICIDAD Como si hubiera sido poca la preocupación que nos produjo el bombardeo ocurrido en el Guaviare, que dejó a 7 madres llorando la muerte de sus adolescentes hijos, hemos sabido después, por boca de la subdirectora de la fundación Pares, que ya antes, entre agosto y este luctuoso día, se habían producido tres bombardeos más con otros seis menores muertos, a los cuales habría que agregar los que pudieron caer en otras doce operaciones similares realizadas en este 2025.Estos hechos son aún más deplorables por haber sido ordenados por el presidente Petro, a quien vimos censurar hechos similares cuando fungía como congresista. No puede ser que ahora, gracias a un enroque presidencial, este tipo de hechos se hayan vuelto aceptables y que Petro los justifique con argumentos traídos de los cabellos, como el de que las víctimas de reclutamiento forzado son también “objetivos militares legítimos” y que como tal hay que tratarlos.Refiriéndose a este último bombardeo, dice el señor presidente que fue la respuesta a una emboscada en la que estaban en riesgo inminente de caer 20 soldados. Esta es una justificación difícil de creer, ya que por informaciones anteriores sabíamos que lo bombardeado había sido un campamento, y desde un campamento es muy difícil emboscar a nadie. Adicionalmente, tampoco es creíble que la emboscada fuera inminente, ya que entre la orden de bombardear y el bombardeo mismo transcurrieron tres días.Pues no, señor presidente, antes que bombas lo que requieren estos menores es que, a cambio de revictimizarlos a costa de su propia vida, se les reconozca como titulares del derecho a protección especial, lo cual obliga a que cualquier operativo militar que pueda afectarlos se preceda de un caudal suficiente de precauciones que eviten desenlaces como los que hoy lamentamos. La única razón que podría explicar su cambio de actitud, de supeditar la condición de víctimas del conflicto de estos menores a la de “objetivos militares legítimos”, es que esté cediendo a la exigencia de resultados militares que demanda la derecha.Señalemos finalmente una nueva preocupación, y es la de que, también por orden presidencial, los bombardeos continuarán, y esto nos coloca ante una disyuntiva: irnos acostumbrando pasivamente a ser testigos de que se sigan ejecutando, o rechazarlos desde las calles, ahora sin la venia presidencial e, incluso, contra su voluntad. La respuesta no puede ser otra que la de evitar convertimos en cómplices, como lo fuimos al permitir que 16 billones de pesos, que podrían servir para atender necesidades apremiantes, se hubieran destinado a la compra de aviones de guerra. Y guerra no es lo que necesitamos. Necesitamos paz.






