Uso de drones explosivos en Catatumbo cobra vida de civil y genera condena de la ONU

El uso de drones cargados con explosivos en la región del Catatumbo ha escalado la violencia contra la población civil, cobrando la vida de un adulto mayor en El Tarra, Norte de Santander. Organismos de derechos humanos han condenado enérgicamente estos ataques indiscriminados, calificándolos como una grave infracción al Derecho Internacional Humanitario (DIH) y un posible crimen de guerra. El pasado 20 de octubre, un atentado perpetrado en el corregimiento de Filo Gringo, municipio de El Tarra, resultó en la muerte de Ramón Salazar, de 63 años, y dejó gravemente herida a su esposa, Rosa García, de 68 años. El ataque fue ejecutado con un dron cargado de explosivos, una modalidad que la Defensoría del Pueblo ha calificado como el uso de un “arma no convencional y de efecto indiscriminado”. Las autoridades preliminarmente atribuyen el hecho al Frente 33 de las disidencias de las FARC, que mantiene una fuerte disputa territorial en la zona con el ELN. La Defensoría del Pueblo rechazó categóricamente el atentado, advirtiendo que este tipo de acciones constituye una violación al DIH y podría ser considerado un crimen de guerra.

“La población civil no puede seguir siendo víctima de estos ataques. Es deber de los grupos armados respetar el principio de distinción y cesar las hostilidades”, manifestó la entidad.

La ONU Derechos Humanos Colombia también se pronunció condenando el ataque. Reportes adicionales señalan que los intensos combates entre el ELN y las disidencias en la misma zona han dejado un saldo de hasta diez personas muertas, incluyendo tanto a combatientes como a civiles, lo que agrava la crisis humanitaria en una de las regiones más golpeadas por el conflicto armado en Colombia.

En resumen

Un ataque con un dron explosivo en El Tarra, atribuido a disidencias de las FARC, causó la muerte de un civil de 63 años. La Defensoría del Pueblo y la ONU condenaron el hecho como una violación al DIH, en medio de una escalada de violencia en el Catatumbo.

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Hasta ahora, 16 niños muertos, ¿vendrán más? egutierrez Dom, 23/11/2025 - 08:43 Rodrigo López Oviedo Dom, 23/11/2025 - 08:43 Estos hechos son aún más deplorables por haber sido ordenados por el presidente Petro, a quien vimos censurar hechos similares cuando fungía como congresista. PUBLICIDAD Como si hubiera sido poca la preocupación que nos produjo el bombardeo ocurrido en el Guaviare, que dejó a 7 madres llorando la muerte de sus adolescentes hijos, hemos sabido después, por boca de la subdirectora de la fundación Pares, que ya antes, entre agosto y este luctuoso día, se habían producido tres bombardeos más con otros seis menores muertos, a los cuales habría que agregar los que pudieron caer en otras doce operaciones similares realizadas en este 2025.Estos hechos son aún más deplorables por haber sido ordenados por el presidente Petro, a quien vimos censurar hechos similares cuando fungía como congresista. No puede ser que ahora, gracias a un enroque presidencial, este tipo de hechos se hayan vuelto aceptables y que Petro los justifique con argumentos traídos de los cabellos, como el de que las víctimas de reclutamiento forzado son también “objetivos militares legítimos” y que como tal hay que tratarlos.Refiriéndose a este último bombardeo, dice el señor presidente que fue la respuesta a una emboscada en la que estaban en riesgo inminente de caer 20 soldados. Esta es una justificación difícil de creer, ya que por informaciones anteriores sabíamos que lo bombardeado había sido un campamento, y desde un campamento es muy difícil emboscar a nadie. Adicionalmente, tampoco es creíble que la emboscada fuera inminente, ya que entre la orden de bombardear y el bombardeo mismo transcurrieron tres días.Pues no, señor presidente, antes que bombas lo que requieren estos menores es que, a cambio de revictimizarlos a costa de su propia vida, se les reconozca como titulares del derecho a protección especial, lo cual obliga a que cualquier operativo militar que pueda afectarlos se preceda de un caudal suficiente de precauciones que eviten desenlaces como los que hoy lamentamos. La única razón que podría explicar su cambio de actitud, de supeditar la condición de víctimas del conflicto de estos menores a la de “objetivos militares legítimos”, es que esté cediendo a la exigencia de resultados militares que demanda la derecha.Señalemos finalmente una nueva preocupación, y es la de que, también por orden presidencial, los bombardeos continuarán, y esto nos coloca ante una disyuntiva: irnos acostumbrando pasivamente a ser testigos de que se sigan ejecutando, o rechazarlos desde las calles, ahora sin la venia presidencial e, incluso, contra su voluntad. La respuesta no puede ser otra que la de evitar convertimos en cómplices, como lo fuimos al permitir que 16 billones de pesos, que podrían servir para atender necesidades apremiantes, se hubieran destinado a la compra de aviones de guerra. Y guerra no es lo que necesitamos. Necesitamos paz.

El Nuevo Día

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