Crisis humanitaria en el norte de Antioquia por desplazamiento masivo

Una grave crisis humanitaria se ha desatado en el norte de Antioquia, donde enfrentamientos entre grupos armados han provocado el desplazamiento masivo de cerca de 2.500 personas, principalmente en el municipio de Briceño. Organismos de control como la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo han emitido alertas urgentes ante la sistemática vulneración de derechos humanos en la región. La situación en los municipios de Briceño, Anorí, Valdivia y Tarazá es crítica. Los combates y amenazas entre el Clan del Golfo, el ELN y el frente 36 de las disidencias de las FARC han forzado a miles de campesinos a abandonar sus hogares. Solo en Briceño, se reporta el desplazamiento de más de 2.081 personas de 21 veredas, superando la capacidad de respuesta de la administración municipal. La Defensoría del Pueblo, que ya había advertido sobre los riesgos en la Alerta Temprana 035 de 2019, solicitó al Gobierno Nacional “emprender medidas que permitan atender y proteger de manera integral a las comunidades afectadas”. Por su parte, la Procuraduría General de la Nación expresó su rechazo a la “vulneración sistemática de derechos humanos e infracciones al DIH” y pidió activar las rutas de prevención y atención inmediata. El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, ha instado a la fuerza pública a “arreciar operaciones contra esos criminales”, mientras la administración departamental ha enviado ayuda humanitaria. El Ejército Nacional ha reforzado su presencia en la zona para intentar estabilizar el territorio y permitir el retorno seguro de las familias, aunque el temor persiste debido a la presencia de campos minados y la continuidad de las hostilidades. La crisis evidencia la fragilidad de la seguridad en el norte antioqueño y la urgente necesidad de una intervención estatal coordinada para proteger a la población civil.

En resumen

Enfrentamientos entre grupos armados en el norte de Antioquia han causado el desplazamiento de casi 2.500 personas, desbordando la capacidad de atención local. La Procuraduría y la Defensoría del Pueblo han exigido una intervención urgente del Gobierno Nacional para atender la crisis humanitaria y proteger a la población civil.

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Hasta ahora, 16 niños muertos, ¿vendrán más?

Hasta ahora, 16 niños muertos, ¿vendrán más? egutierrez Dom, 23/11/2025 - 08:43 Rodrigo López Oviedo Dom, 23/11/2025 - 08:43 Estos hechos son aún más deplorables por haber sido ordenados por el presidente Petro, a quien vimos censurar hechos similares cuando fungía como congresista. PUBLICIDAD Como si hubiera sido poca la preocupación que nos produjo el bombardeo ocurrido en el Guaviare, que dejó a 7 madres llorando la muerte de sus adolescentes hijos, hemos sabido después, por boca de la subdirectora de la fundación Pares, que ya antes, entre agosto y este luctuoso día, se habían producido tres bombardeos más con otros seis menores muertos, a los cuales habría que agregar los que pudieron caer en otras doce operaciones similares realizadas en este 2025.Estos hechos son aún más deplorables por haber sido ordenados por el presidente Petro, a quien vimos censurar hechos similares cuando fungía como congresista. No puede ser que ahora, gracias a un enroque presidencial, este tipo de hechos se hayan vuelto aceptables y que Petro los justifique con argumentos traídos de los cabellos, como el de que las víctimas de reclutamiento forzado son también “objetivos militares legítimos” y que como tal hay que tratarlos.Refiriéndose a este último bombardeo, dice el señor presidente que fue la respuesta a una emboscada en la que estaban en riesgo inminente de caer 20 soldados. Esta es una justificación difícil de creer, ya que por informaciones anteriores sabíamos que lo bombardeado había sido un campamento, y desde un campamento es muy difícil emboscar a nadie. Adicionalmente, tampoco es creíble que la emboscada fuera inminente, ya que entre la orden de bombardear y el bombardeo mismo transcurrieron tres días.Pues no, señor presidente, antes que bombas lo que requieren estos menores es que, a cambio de revictimizarlos a costa de su propia vida, se les reconozca como titulares del derecho a protección especial, lo cual obliga a que cualquier operativo militar que pueda afectarlos se preceda de un caudal suficiente de precauciones que eviten desenlaces como los que hoy lamentamos. La única razón que podría explicar su cambio de actitud, de supeditar la condición de víctimas del conflicto de estos menores a la de “objetivos militares legítimos”, es que esté cediendo a la exigencia de resultados militares que demanda la derecha.Señalemos finalmente una nueva preocupación, y es la de que, también por orden presidencial, los bombardeos continuarán, y esto nos coloca ante una disyuntiva: irnos acostumbrando pasivamente a ser testigos de que se sigan ejecutando, o rechazarlos desde las calles, ahora sin la venia presidencial e, incluso, contra su voluntad. La respuesta no puede ser otra que la de evitar convertimos en cómplices, como lo fuimos al permitir que 16 billones de pesos, que podrían servir para atender necesidades apremiantes, se hubieran destinado a la compra de aviones de guerra. Y guerra no es lo que necesitamos. Necesitamos paz.

El Nuevo Día

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