El caso de Angie Pahola Tovar Calpa, de 23 años y oriunda de Guachucal, Nariño, ha generado una profunda conmoción nacional. La joven, quien cursaba el último semestre de Ingeniería Administrativa en la Facultad de Minas de la Universidad Nacional, sede Medellín, desapareció el 27 de agosto mientras regresaba a la capital antioqueña para iniciar sus prácticas profesionales. Según testimonios de familiares, el camión en el que viajaba fue interceptado en un retén ilegal en la vía entre Popayán y Piendamó, Cauca, por hombres armados que se identificaron como miembros del Bloque Dagoberto Ramos, una disidencia de las FARC. Tras casi dos meses de angustiosa búsqueda, la universidad confirmó el hallazgo de su cuerpo. La institución, a través de su vicerrectora Mary Luz Alzate Zuluaga, expresó su profundo dolor y emitió un comunicado en el que exhorta a las autoridades competentes a “adelantar con celeridad las investigaciones que permitan esclarecer las circunstancias de su muerte y garantizar a su familia el acceso a la verdad y la justicia”. La comunidad académica ha convocado a homenajes simbólicos, reafirmando su compromiso con la memoria y la paz. Este crimen es una manifestación de múltiples violaciones a los derechos humanos, incluyendo el secuestro, la desaparición forzada y el homicidio, y subraya la grave situación de orden público que persiste en el Cauca, donde la población civil, y en especial los jóvenes, continúan siendo víctimas de la disputa territorial entre grupos armados al margen de la ley.
Asesinato de Angie Pahola Tovar, estudiante de la Universidad Nacional, tras secuestro en Cauca
La comunidad universitaria y el país lamentan el trágico desenlace del secuestro de Angie Pahola Tovar Calpa, estudiante de la Universidad Nacional, cuyo cuerpo fue hallado sin vida tras casi dos meses de su desaparición en el departamento del Cauca. Este hecho reaviva el debate sobre la violencia persistente en las regiones y la vulnerabilidad de los jóvenes frente a los grupos armados ilegales.



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Hasta ahora, 16 niños muertos, ¿vendrán más? egutierrez Dom, 23/11/2025 - 08:43 Rodrigo López Oviedo Dom, 23/11/2025 - 08:43 Estos hechos son aún más deplorables por haber sido ordenados por el presidente Petro, a quien vimos censurar hechos similares cuando fungía como congresista. PUBLICIDAD Como si hubiera sido poca la preocupación que nos produjo el bombardeo ocurrido en el Guaviare, que dejó a 7 madres llorando la muerte de sus adolescentes hijos, hemos sabido después, por boca de la subdirectora de la fundación Pares, que ya antes, entre agosto y este luctuoso día, se habían producido tres bombardeos más con otros seis menores muertos, a los cuales habría que agregar los que pudieron caer en otras doce operaciones similares realizadas en este 2025.Estos hechos son aún más deplorables por haber sido ordenados por el presidente Petro, a quien vimos censurar hechos similares cuando fungía como congresista. No puede ser que ahora, gracias a un enroque presidencial, este tipo de hechos se hayan vuelto aceptables y que Petro los justifique con argumentos traídos de los cabellos, como el de que las víctimas de reclutamiento forzado son también “objetivos militares legítimos” y que como tal hay que tratarlos.Refiriéndose a este último bombardeo, dice el señor presidente que fue la respuesta a una emboscada en la que estaban en riesgo inminente de caer 20 soldados. Esta es una justificación difícil de creer, ya que por informaciones anteriores sabíamos que lo bombardeado había sido un campamento, y desde un campamento es muy difícil emboscar a nadie. Adicionalmente, tampoco es creíble que la emboscada fuera inminente, ya que entre la orden de bombardear y el bombardeo mismo transcurrieron tres días.Pues no, señor presidente, antes que bombas lo que requieren estos menores es que, a cambio de revictimizarlos a costa de su propia vida, se les reconozca como titulares del derecho a protección especial, lo cual obliga a que cualquier operativo militar que pueda afectarlos se preceda de un caudal suficiente de precauciones que eviten desenlaces como los que hoy lamentamos. La única razón que podría explicar su cambio de actitud, de supeditar la condición de víctimas del conflicto de estos menores a la de “objetivos militares legítimos”, es que esté cediendo a la exigencia de resultados militares que demanda la derecha.Señalemos finalmente una nueva preocupación, y es la de que, también por orden presidencial, los bombardeos continuarán, y esto nos coloca ante una disyuntiva: irnos acostumbrando pasivamente a ser testigos de que se sigan ejecutando, o rechazarlos desde las calles, ahora sin la venia presidencial e, incluso, contra su voluntad. La respuesta no puede ser otra que la de evitar convertimos en cómplices, como lo fuimos al permitir que 16 billones de pesos, que podrían servir para atender necesidades apremiantes, se hubieran destinado a la compra de aviones de guerra. Y guerra no es lo que necesitamos. Necesitamos paz.






