El informe “La misma receta” destaca que las víctimas son principalmente líderes comunales, campesinos, indígenas y afrodescendientes, y que las regiones más afectadas son Catatumbo, Cauca y Nariño.

Un caso reciente que ejemplifica esta violencia es el asesinato de Darwin Meneses Pedroza, integrante de la Asociación por la Unidad Campesina del Catatumbo (Asuncat), cuyo cuerpo fue hallado en zona rural de Ocaña. La organización responsabilizó directamente al ELN por el crimen. Este panorama es corroborado a nivel global por la ONG Global Witness, que en su último informe señaló a Colombia, por tercer año consecutivo, como el país más letal para los defensores de la tierra y el medio ambiente. En 2024, se registraron 48 asesinatos o desapariciones de líderes ambientales en el país, lo que representa casi un tercio de los 146 casos documentados a nivel mundial. La mayoría de las víctimas colombianas eran pequeños agricultores (20) y miembros de comunidades indígenas (19), lo que evidencia la vulnerabilidad de quienes protegen los territorios de la minería ilegal y el narcotráfico.