El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, calificó los hechos como “un ataque organizado y premeditado por parte de delincuentes y milicias de choque” y presentó una denuncia penal por delitos como terrorismo, asonada y violencia contra servidor público. Por su parte, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, lo catalogó como un “intento de homicidio” y anunció recompensas de hasta 20 millones de pesos por información sobre los responsables. El presidente Gustavo Petro también condenó la agresión, aunque la atribuyó a un “grupo más radical” que se apartó de los acuerdos previos. Esta situación se suma a otros ataques contra la fuerza pública en regiones como el Cauca, donde disidencias de las Farc han utilizado drones con explosivos. El episodio evidencia la tensión entre la garantía del derecho a la protesta y la obligación del Estado de mantener el orden público, mientras las autoridades investigan si detrás de la violencia en la capital hay “serios indicios” de la intervención de un grupo criminal organizado.