Ambos resultaron heridos y fueron hospitalizados.

Este hecho se suma a la denuncia de Ana Karina García, directora de la Fundación ‘Juntos se puede’, quien reportó que su asistente fue interceptada y asaltada violentamente por dos hombres que le preguntaron si trabajaba con ella. García también alertó sobre la vigilancia de una “camioneta con placas venezolanas” en las inmediaciones de su casa y la fundación.

Estos eventos han sido calificados como una posible manifestación de represión transnacional.

La líder opositora venezolana, María Corina Machado, condenó los hechos y pidió al presidente Gustavo Petro garantizar la protección de los exiliados. En la misma línea, ACNUR, la Agencia de la ONU para los Refugiados, se solidarizó con las víctimas y condenó el atentado. Las autoridades colombianas investigan los ataques y encontraron un vehículo abandonado con armas traumáticas modificadas, lo que ha generado la hipótesis de que el objetivo podría haber sido intimidar más que asesinar. Sin embargo, la comunidad de exiliados vive con pánico, pues como expresó uno de ellos, “pensábamos que aquí estábamos seguros”.