El suroccidente de Colombia enfrenta una compleja situación de orden público debido a bloqueos en la Vía Panamericana y la carretera a Buenaventura. Comunidades indígenas, campesinas y afrodescendientes exigen al Gobierno Nacional el cumplimiento de acuerdos pactados, mientras se reportan tensiones con la Fuerza Pública y crecen las alarmas de los gremios económicos. Desde el 14 de octubre, comunidades del Macizo Colombiano mantienen bloqueada la Vía Panamericana en el sector El Céfiro, municipio de Rosas (Cauca), impidiendo el tránsito hacia Nariño. Los manifestantes reclaman el reconocimiento del campesinado como sujeto de derecho, inversión para el desarrollo rural y atención a las familias damnificadas por el deslizamiento de 2023.
Paralelamente, en el Valle del Cauca, comunidades indígenas del pueblo Nasa Kiwe cerraron la vía al mar en La Delfina, Buenaventura. En este punto se registraron enfrentamientos con la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden (Udmo), que según denuncias de las organizaciones sociales, utilizó gases y armas de fuego contra la protesta. “Rechazamos categóricamente el trato criminal que la fuerza pública le da a la protesta social”, se lee en un comunicado de las comunidades, que exigen la presencia del presidente Gustavo Petro. Gremios como la Cámara de Comercio de Pasto han expresado su “profunda preocupación y rechazo” por las graves afectaciones económicas, que según Colfecar, generan costos logísticos de hasta 10.000 millones de pesos diarios.
Por su parte, el Ejército denunció que el ELN estaría presionando a los campesinos para participar en las protestas, una afirmación que añade complejidad al panorama social.
En resumenBloqueos en vías estratégicas del Cauca y Valle del Cauca, liderados por comunidades que denuncian incumplimientos del Gobierno, han generado graves afectaciones económicas y enfrentamientos con la Fuerza Pública. La situación evidencia una profunda crisis social y la tensión entre el derecho a la protesta y la libre movilidad en el suroccidente del país.