Estos hechos, investigados como feminicidios, exponen la doble vulnerabilidad que enfrentan las mujeres que defienden los derechos humanos en los territorios. En una misma jornada, el país lamentó los asesinatos de Luz Dary Pino, defensora de los derechos de las mujeres rurales en Tarazá (Antioquia), y de Yolanda Muñoz, integrante de una asociación campesina en El Bordo, Patía (Cauca). En ambos casos, las autoridades investigan a sus compañeros sentimentales como los principales sospechosos.

A estos crímenes se suma el de Luz Eneida Hinestroza Mosquera, representante legal de la Asociación de Mujeres Emprendedoras de Paz (Asomepaz), quien fue atacada con arma blanca en Medio Baudó (Chocó), presuntamente también por su expareja. Organizaciones como el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) y ONU Mujeres han condenado enérgicamente estos actos, recordando que la violencia contra las lideresas no solo silencia sus voces, sino que representa un golpe irreparable a sus comunidades y a la construcción de paz. Indepaz señaló que, con el asesinato de Hinestroza, ya son 156 los líderes y defensores de derechos humanos asesinados en lo que va de 2025. Estos feminicidios subrayan un patrón alarmante donde el espacio más íntimo se convierte en el escenario de la violencia más extrema, agravada por el rol público y de liderazgo de las víctimas. Organizaciones feministas y de derechos humanos exigen que los casos se investiguen con celeridad y con un enfoque de género, y que se refuercen los mecanismos de protección para las mujeres en zonas rurales, donde la presencia del Estado es débil y la impunidad prevalece.