Tras los combates, que dejaron un presunto delincuente muerto y tres capturados, una multitud rodeó a los soldados, los atacó y los obligó a entregar a los detenidos, el cuerpo y el material incautado, que incluía fusiles, subametralladoras y pistolas.

Además, incineraron tres camionetas y una motocicleta del Ejército.

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, pidió a la Fiscalía investigar los hechos y recordó que no es la primera vez que la población apoya a criminales en la zona, como ocurrió cuando fue abatido alias “Terror”.

El Ejército Nacional denunció que estos actos podrían constituir delitos como secuestro simple, concierto para delinquir y violencia contra servidor público, y anunció que interpondrá las denuncias correspondientes.

Expertos y autoridades señalan que la instrumentalización de la población civil por parte de grupos armados va en aumento, reflejando una grave erosión de la autoridad del Estado.