A esta crisis epidemiológica se suma el colapso de la Nueva EPS, intervenida por el gobierno.

Documentos internos y auditorías revelan un deterioro sistémico: los medicamentos pendientes de entrega aumentaron un 160% entre 2024 y 2025, afectando gravemente a pacientes con condiciones críticas como trasplantes (91% no recibió sus fármacos).

La entidad acumula un pasivo de 21,37 billones de pesos y su interventora, Gloria Libia Polanía, enfrenta 618 fallos de desacato judicial y 1.402 días de arresto acumulados por incumplimientos. La Contraloría calificó la situación como una “grave crisis administrativa y financiera”, con 22,1 billones de pesos en facturas represadas y sin validar. La crisis de la EPS ha llevado a que hospitales como la Clínica Shaio y el Hospital San José en Bogotá suspendan servicios a sus afiliados.