El acusado presuntamente aprovechó su posición de autoridad y supervisión para cometer las agresiones. La investigación, adelantada con un enfoque diferencial dada la condición de las víctimas, reveló que el rector habría intimidado a las jóvenes y a sus familias, amenazándolas con supuestos vínculos con grupos armados ilegales para evitar que lo denunciaran.

La captura fue realizada por el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) en Puerto Carreño, capital del departamento.

En las audiencias preliminares, se le imputaron los delitos de acceso carnal violento, actos sexuales con menor de catorce años y acoso sexual, todos en modalidad agravada. A pesar de que el procesado no aceptó los cargos, un juez de control de garantías consideró la gravedad de los hechos y le impuso medida de aseguramiento en un centro carcelario mientras avanza el proceso judicial en su contra.